viernes, 2 de septiembre de 2011


CTA ante la reforma constitucional


En un alarde nuevo de irresponsabilidad política y social, el Sr. Zapatero lleva una reforma a la Constitución española de 1978, implantando el límite de la deuda pública a través de la ley fundamental del Estado la Constitución.

    No tiene sentido, ni coherencia económica esta implantación jurídica de una norma económica y para demostrarlo pondremos un simple ejemplo. Pudiera ser, que para el desarrollo de una región o del propio estado, fuera fundamental la construcción de una autovía y que el estado no tuviera recursos económicos suficientes en ese momento y tuviera que pedir o gestionar crédito privado y efectivamente el estado correría un riesgo al pedir ese crédito, que aumentara tanto, que pudiera tener problemas para pagarlo, pero si la gestión es necesaria y busca la eficiencia, lo normal debe ser que por la construcción de esa supuesta autovía, se generará una actividad económica que antes ese núcleo de población no podría tener, esa actividad económica generara una riqueza a esa población, esa riqueza tendría capacidad de absolver la deuda y de tener beneficios y además tendría una población con más bienestar económico y social.
Por lo tanto, el déficit público puede ser necesario para recuperar la actividad económica en una sociedad capitalista cuando la iniciativa privada deja de ser iniciativa.

    ¿Limitar constitucionalmente el déficit público significa que los bancos y grandes especuladores de la bolsa y de la deuda pública van a dejar de presionar a los estados para conseguir más beneficios de esa deuda? ¿O por el contrario va a significar que los interinos y contratados van a desaparecer de las administraciones públicas, que de cada 10 empleados públicos que fallezcan o se jubilen sólo se puede reponer 1, que se le va a bajar los salarios a los empleaos públicos, que van a congelar las pensiones, que se va a transformar el sistema de pensiones de la Seguridad Social para bajar las pensiones más de 40% de aquí al 2027?, o  que se van a dejar de acometer obras públicas donde va disminuir la actividad económica de sectores privados. Desde C.T.A. pensamos que sin lugar a dudas va a ser lo segundo.

    Podría proponerse otra reforma constitucional que fuese mucho más constructiva para la población, por ejemplo limitar la tasa de desempleo constitucionalmente al 0,4%, ¿por qué no? O a otro porcentaje que no fuese el 21%.

    En definitiva el modelo de estado que se quiere, es un estado fuerte, rico, que proteja en todo momento los beneficios empresariales, donde los pobres paguen más, los ricos menos y donde exista un sector importante de la población trabajadora empobrecida y sometida a las condiciones sociales laborales propias de la exclusión social. Es decir, trabajadores y ciudadanos pobres pero el estado rico.

    Para nada hablar del fraude fiscal, para nada regular constitucionalmente los gastos de los políticos (por ejemplo vinculándolos al Salario Mínimo Interprofesional) para nada hablar del gasto de las autonomías, para nada hablar de las subvenciones a las empresas, para nada hablar de las bonificaciones a la Seguridad Social de los empresarios.

    Pero además esta reforma constitucional es profundamente dictatorial. En primer lugar porque se modifica la principal norma del Estado que en su día fue sometida a referéndum, sin celebrarse un nuevo referéndum, ni en los países dictatoriales árabes como Marruecos está ocurriendo esto.
    En segundo lugar porque sólo se somete a la opinión pública el criterio de quién está a favor de hacerla.
    Y en tercer lugar porque describe perfectamente cual es la situación del parlamento español, que en otras épocas de la historia se llamo de despotismo ilustrado, en este caso sin el pueblo y contra él. Lleva razón el 15 M, muchos trabajadores sentimos que ese parlamento no nos representa.

    Por último C.T.A. apoyará cuantas iniciativas sean convocadas desde las fuerzas de la izquierda para oponerse a este cambio constitucional, por injusto, antieconómico, neoliberal, dictatorial y estar en contra de la población española 

Córdoba, 2 de septiembre de 2011