¿Quiénes son realmente los responsables
del accidente ferroviario de Galicia?
Pasados
los primeros días tras el grave accidente ferroviario de Santiago de
Compostela, es momento de analizar las causas de este siniestro así como
delimitar con claridad todas las responsabilidades de cada uno de los actores
en esta tragedia.
Porque
a la Coordinadora Sindical de Clase nos parece un auténtico disparate todo lo
que ha rodeado este accidente. Sobre todo de los dirigentes políticos y sus
compinches de clase, los empresarios que han participado en la construcción de
la Línea de Alta Velocidad accidentada,
que permiten visualizar, una vez mas, los corruptos entramados en base a
adjudicaciones de obras públicas y financiación ilegal de partidos políticos.
Como hienas se han lanzado al cuello del trabajador de RENFE buscando una
cabeza de turco tratando de eludir sus propias responsabilidades cuando la
investigación apenas había comenzado, como es el caso del presidente de ADIF,
Gonzalo Ferré.
Mas
que el error humano habría que buscar las negligencias en la construcción del
tramo de Alta Velocidad. La de los responsables políticos que aprobaron este
proyecto (el PSOE en el gobierno nacional y el PP en el autonómico) que por
urgencias electorales y recortes presupuestarios no dudaron en autorizar un
trazado sumamente peligroso que, además, conllevó el desalojo y derribo de
viviendas para adaptar este tramo al proyecto de la Alta Velocidad Española. No
debemos olvidar los efusivos abrazos entre José Blanco (entonces Ministro de
Fomento) y Feijoó (presidente autonómico) el día de la inauguración. Estas
prisas hicieron que el trazado sea un compendio de tramos nuevos y antiguos que
obliga a una reducción brusca de la velocidad en tramos como el de A Grandeira,
lugar del accidente.
Mas
que la criminalización de un trabajador, se debería investigar la culpabilidad
de las empresas implicadas en el proyecto de Alta Velocidad para Galicia y su
desvergüenza para eludir sus responsabilidades intentando salvar sus futuras
concesiones en Brasil, Estados Unidos, Rusia, Kazajistán o los Emiratos Árabes
en donde las normas de los concursos especifican que se tiene que acreditar que
“la empresa operadora del tren no ha participado en la operación de cualquier
sistema TAV donde hubiese ocurrido un accidente fatal” en un período de 5 años.
Al menos, la mitad de las empresas del consorcio que aspira a hacerse con el
contrato brasileño están directamente relacionadas con el accidente: RENFE,
como compañía ferroviaria; Adif, como gestor de la red viaria; TALGO y
Bombardier, como fabricantes del tren; y Dimetronic, como creadora del sistema
ASFA de frenado. El adjudicatario, con un presupuesto de 12.700 millones de
euros, se conocerá el 19 de setiembre, razón suficiente para esta gente sin
escrúpulos para iniciar una campaña de linchamiento contra un trabajador que
debería haber contado con los sistemas técnicos necesarios para evitar este
accidente pero con los que, incomprensiblemente, la línea TAV carecía.
Mas
que la morbosa campaña promovida por los medios de comunicación, no hubiera
estado de mas que estos se hubieran dedicado a investigar todos los elementos
señalados anteriormente, así como los efectos de los recortes presupuestarios
en las infraestructuras públicas, las reducciones de gastos en los presupuestos
de mantenimiento de RENFE, los Expedientes de Regulación de Empleo y su
incidencia en una plantilla diezmada o los estímulos a la productividad
consistente en descuentos salariales en el caso de retraso de los trenes. O en
las rastreras razones por las que se decidió trasladar a todos los siniestrados
a clínicas privadas mientras a escasos metros del accidente existía un centro
sanitario público dotado con instrumental de última generación cuyo personal
permaneció alerta a la espera de la llegada de heridos sin que nadie ingresara
en él.
Intentar
centrar la responsabilidad en una persona es, sencillamente, una bajeza moral.
Analizar las causas del accidente y señalar a sus responsables es un ejercicio
que muy pocos están dispuestos a realizar pero que desde la Coordinadora
Sindical de Clase no podemos ni debemos eludir. Así como la denuncia de una
innecesaria red de Líneas de Alta Velocidad que responden mas a los intereses
inversionistas de una patronal ávida de negocios que a las necesidades del
pueblo trabajador de un tren público, accesible y seguro.
